Pedro Moncada Jiménez, secretario académico de Universidad del Caribe.

Como instrumento novísimo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 1 y su proceso suscitan no pocas paradojas, situaciones e interpretaciones que deben discutirse para poder valorarlo como lo que es: un instrumento de intervención que debe utilizarse para que genere los resultados que se desean: la igualdad de género y la erradicación de la violencia feminicida*.

La AVGM es, ante todo, una alerta social que evidencia que un problema rebasa las capacidades y los recursos con que cuentan las autoridades para actuar en un área determinada y permite que el Estado mexicano (en su con- junto) responda a ese problema. Es decir, debe dotar a las autoridades locales con dinero y recursos de la federación para afrontar adecuadamente un desafío social.

Debe reconocerse que la violencia feminicida es, en lo social, equivalente a un huracán, un terremoto, una inundación o cualquier otro desastre; y que así como para esos casos, con la mayor celeridad posible, se hace la declaratoria de desastre natural para poder acceder a dinero y recursos extraordinarios para atender la emergencia, la misma celeridad debe mostrarse para emitir la AVGM y poder contar con los medios y recursos para atacar la violencia en general y la feminicida en particular. No hacerlo con la prontitud debida, en ambos casos, hace sufrir a la sociedad en general.

La AVGM y su proceso no deben verse solamente como una revisión de la responsabilidad de la autoridad en ningún nivel, ni en ninguno de los tres poderes, pues pensarlo así es magnificar su poder y también su incapacidad; se trata del diagnóstico de un fracaso social en el que todos tienen responsabilidad. No obstan- te, a las autoridades, al estar facultadas por la ciudadanía, les corresponde el papel central de liderar los esfuerzos contra la violencia en general, y la violencia feminicida en particular, sobre todo a las relacionadas con la procuración de justicia.

Por lo tanto, a un servidor público en específico, comparando sus pequeños espacios de responsabilidad frente al ciclo del fenómeno de la violencia feminicida en la sociedad, no pueden achacársele todas las negligencias. Sin embargo, al tomar el cargo asume las tareas no hechas por sus antecesores y también asume, sin atenuantes de ignorancia, la responsabilidad de atender la problemática anterior y la que se genere en su periodo de responsabilidad.

Es importante quitar el estigma de que la AVGM es un acto reprobatorio a la gestión del funcionario(a) en turno –ya como sociedad nos hemos generado otros instrumentos para ello–; esta idea debe de permear en todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y autoridades relacionadas con la problemática, con el n de que se pueda dialogar y hacer aliados interinstitucionales, y así quitar el temor a ser herrado con un erro con las siglas de AVGM en la frente para cualquier político(a), como se percibe ahora.

El resultado de los trabajos del comité de la AVGM en el estado de Quintana Roo debe presentarse de la manera más escrupulosa posible, no en función de comparativos contra otras realidades, ni desde estimaciones simplistas de si hay más casos o menos casos, que sí los hay; sino en la alarma social de que cada día somos más las personas que no aceptamos que nuestras ciudades y comunidades continúen en el deterioro social y sean menos habitables. No nada más es por las que hemos perdido (para ellas verdad y justicia), es por las que no estamos dispuestas a perder.

Ya tenemos un problema grave de sociedad, hasta ahora mayormente in- terno, evitemos que se vuelva un problema exógeno como ocurre en estos días en Ecuador. Cancún y la Riviera Maya —y todos los destinos turísticos de Quintana Roo en menor medida— tienen la ventaja de ser marcas y gozar de gran posicionamiento y no hay nada más dañino para una marca que un evento catastrófico asociado a ella, y vemos que la violencia feminicida en el mundo globalizado puede serlo.

El turismo, y menos el masivo que se realiza en destinos turísticos internacionales, no es de guetos. Tampoco funciona lo de antes –que sólo a veces y por ratos funcionaba– de “tapar el sol con un dedo” o la “técnica del avestruz”. Ese mundo ya no existe. Los mercados emisores de turismo a Quintana Roo son países desarrolla- dos donde viven las sociedades más civilizadas e igualitarias del mundo y, por lo tanto, el estándar para medir aspectos sociales como la igualdad de género es el más alto; y en los servicios turísticos, donde la mirada del/ la turista llega hasta los lugares más recónditos, no sólo en lo espacial, sino también en la comunicación y el conocimiento de temas sociales, el juicio puede ser severo, y una sociedad receptora con violencia feminicida rampante es impresentable.

En una actividad socioeconómica globalizada como es la del turismo, con consumidores nativos digitales y conectados a comunidades globales, pertenecientes a la nueva generación que marcará la tendencia mayoritaria: los “millennials”, sensibles a temas de género, lo mejor y más barato es un enfoque preventivo para evitar tener desde afuera los cuestionamientos que ahora tenemos a nivel interno.

La seguridad es un atributo transversal en los destinos turísticos del que se bene cian tanto turistas como residentes. De la revisión de las recomendaciones para la gestión de los destinos turísticos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) se pueden establecer unos puntos mínimos para recordar:
a) un alto nivel de seguridad ciudadana y control de la criminalidad, pues la seguridad personal es vital para el desarrollo del turismo;
b) los gobiernos locales deben considerar los riesgos de seguridad personal en sus áreas y tomar las medidas correctoras que se precisen;
c) en los indicadores suplementarios de turismo sostenible en zonas usar el desniveles de criminalidad; d) la criminalidad puede tener efecto directo sobre la salud y la seguridad públicas, en especial en destinos turísticos congestionados y/o de alto tránsito. Por lo tanto, concluye la OMT, la criminalidad debe considerarse como un indicador clave para la evaluación de los cambios en el entorno humano del destino.

Por el otro lado, hay que recordar que los Estados tienen el derecho (y el deber), en especial en casos de crisis, de informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros con los que puedan encontrarse en sus desplazamientos al extranjero como lo marca el Código Ético Mundial del Turismo, debiendo hacerse en comunicación y coordinación con las autoridades del destino y operadores turísticos para no afectar de forma injustificada ni exagerada.

El año pasado, el feminicidio de una estudiante impecable de una universidad local fue la gota que derramó el vaso y galvanizó a nuestra sociedad, generando el repudio más impactante que se recuerde. No se debe esperar a que la víctima sea una estudiante de una universidad de Texas, porque entonces puede suceder lo que ya ha pasado, o algo más, que por la inseguridad el gobierno de Texas llamó a sus estudiantes a evitar viajar a México. Hay que actuar ahora, si de verdad hay interés en cuidar la imagen de nuestros destinos turísticos, antes de que también por el lado turístico se tenga que lamentar la violencia feminicida. La factura de no prevenir y actuar ahora puede salir cara, también turísticamente.

Concluyendo, el proceso de la AVGM en Quintana Roo debe de verse como una oportunidad para usar esta nueva herramienta para atender los desastres sociales que tienen orígenes y problemáticas muy complejos como ya se demostró cuando se desarrolló el Modelo de Generación, Manifestación y Atención (GMA) a la violencia, precisamente en Cancún.

Ante los pobres resultados de las actuaciones pasa- das y actuales de todos (autoridades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía), resultados que se hacen evidentes en nuestra realidad y frustración, hoy, motivados por la indignación, lo menos que se espera del proceso actual de la AVGM en el estado es que ésta sea un mecanismo para analizar, atender y erradicar, desde nuevas perspectivas, el fenómeno de la violencia y de la violencia feminicida en específico.

Ésta puede ser una gran oportunidad de usar la AVGM y su proceso para detonar una nueva respuesta al fenómeno de la violencia feminicida y demostrar que funciona esta herramienta de mejora social, y que más allá de los intereses particulares y lógicas políticas (en una interpretación burda de la política), el esfuerzo y el sacrificio por el bien común pueden llevarnos a lograr una sociedad igualitaria y pacífica, en la que el respeto a los derechos humanos universales brille tanto como nuestro sol, tal como la soñamos.

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