Susana Martínez Cárdenas
Basten citar, como ejemplo, los actos de represión dados en los recientes informes de gobierno, incluido el del propio gobernador Félix González Canto, cuando diversas personas fueron sometidas por fuerzas policiales tras intentar ejercer su libertad de expresión, de manifestar sus ideas. Fueron reprimidos, valga decirse, con fines cosméticos: no fuera que opacasen el acto de lucimiento personal del orador en turno.
Estos actos totalmente reprobables, violaron de manera abierta las garantías individuales de los detenidos, los que se contemplan en el Artículo Sexto de la Constitución Mexicana, donde indica que “La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público…”
No olvidemos lo recién ocurrido en el Municipio Benito Juárez, casi al final del informe del alcalde Gregorio Sánchez Martínez, cuando un grupo de seis ciudadanos –sí, leyó bien: seis ciudadanos y entre ellos un menor- fueron sometidos por sacar algunas cartulinas (no mantas) donde se manifestaron contra el gobierno municipal. Ello les valió ser golpeados y subidos a patrullas que, por más de dos horas, los pasearon por la Ciudad antes de llevarlos a la cárcel.
Por si fuera poco, a estos ciudadanos se les impusieron multas por mil 500 pesos a cada uno, con base en el Artículo 532 fracción V del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio Benito Juárez “por obstruir o impedir acceso a las personas o animales a las instalaciones públicas”. Sólo que, por añadidura, los detenidos estaban sentados en el área de gradas. Eso sí, tan pronto se pagó la falta administrativa, se les dejó en libertad.
Por falta de tacto y experiencia por parte de las propias autoridades, lo ocurrido puedo haber pasado a mayores, ya que se ocultó el paradero de los supuestos infractores. Ello generó que más de cien ciudadanos, entre familiares, amigos y vecinos de los detenidos, se manifestaran a las afueras de las oficinas de Seguridad Pública para exigir la liberación de sus familiares y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.
La nebulosa excusa, por llamarla de algún modo, de las autoridades de Benito Juárez fue y es preocupante: “eran personas pagadas por un partido político…” Aunque hubiera sido así, estas personas tenían el derecho de expresarse sin ser reprimidas por ello. No toda la sociedad está obligada a estar de acuerdo en cómo la gobiernan.
Algo muy similar sucedió en Chetumal, en el informe del gobernador González Canto, donde el gran despliegue de seguridad, resultado del temor a las manifestaciones, inhibió el derecho civil de expresarse con libertad. Las marchas de campesinos, como se sabe, fueron detenidas por las fuerzas policiales capitalinas.
Mucho es lo que hay por hacer en el rubro de Derechos Humanos en Quintana roo y mucho lo que debemos tener en cuenta. Se trata de luchar por tener una cultura de respeto a la diversidad, de pugnar por una educación ética colectiva que proteja estos mismos derechos. Como dije, hoy por hoy y para vergüenza nuestra, el respeto a los Derechos Humanos es más un juego retórico, una moda, que una realidad.
Espero que no falte mucho aún para que lleguemos al día en que podamos gozar de una libertad plena, más allá de las Comisiones de Derechos Humanos de todo el país y aún de la propia Comisión Nacional; que no falte mucho para que las autoridades realicen su labor sin temor a recomendación alguna, donde las autoridades, por convicción, no se ingenien para simular el cumplimiento de sus responsabilidades o de sus obligaciones.
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