Nicolás Durán de la Sierra

Suavizada con tonos de “consulta”, aunque sea facultad del poder ejecutivo, la decisión del gobernador Carlos Joaquín de cobrar diez dólares al turista extranjero que entre al Estado no sólo servirá para paliar los efectos de la mengua de ingresos federales, pues sus beneficios se verán en el mediano y largo plazos, cuando se supere la crisis dejada por la epidemia, lo que se antoja próximo.


Con el impuesto por “aprovechamiento de bienes de dominio público” incluido en el nuevo paquete fiscal, en 2021 el gobierno proyecta recaudar mil 700 millones de pesos o unos 85 millones de dólares, cifra que considera el arribo de cerca del 15 por ciento menos turistas que en 2019, cuando llegaron poco más de nueve millones de viajeros del exterior. Ahora estamos al 50 por ciento.

Como era de suponerse, la decisión de aplicar este gravamen, que evitó que aumentara la carga fiscal a la población, molestó a muchos empresarios turísticos, aunque no sean ellos los que paguen el impuesto, pues alegan que el tributo desalentará la llegada de este tipo de viajeros. Lo que en verdad hubiera resultado raro es que se interesaran por algo más que su propio interés.

El cobro de este impuesto, en lo estricto, no resulta novedoso; se aplica en Baja California Sur desde el 2019, aunque allá la tasa casi alcanza los 19 dólares por viajero, mientras que desde hace diez años el visitante que entra a Estados Unidos debe abonar 14 dólares en conjunto, pues cubre dos impuestos diferentes; la tasa turística en Europa es similar.

Por otra parte, será a Yohanet Torres, la secretaria de Finanzas, quien ha venido a ser una suerte de alfil de combate en el ajedrez estatal, a la que toque diseñar la cobranza del dichoso impuesto y digo dichoso porque es tabla de reflote de la economía oficial. Es viable que, con la vacuna contra el Covid, el Estado sea un de los primeros en el país en reponerse del desastre.

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