Eduardo Espinosa Abuxapqui / Presidente de la Gran Comisión de la XIII Legislatura de Quintana Roo

En la historia de Quintana Roo, la velocidad del pensamiento humanístico, de las acciones políticas y, hasta la vigencia de las modas comerciales, han tenido un ritmo que, difícilmente, podría igualar otro Estado de la República en los últimos 36 años, tiempo en el que el antiguo Territorio de Quintana Roo trascendió su historia al escribir su propia Constitución.

De manera simultánea, el nuevo Estado experimentó un crecimiento tal que lo llevó a duplicar, en menos de 40 años, el número de habitantes de Baja California Sur, su gemelo federativo. No sólo eso: por su dinamismo económico, esta entidad del Caribe Mexicano se ha posicionado como el quinto estado con mayor producto interno bruto (PIB) per cápita[1] nacional, solo después del Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Campeche, todo esto de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), de 2007.

Una sociedad altamente productiva, vastos capitales nacionales e internacionales y gobiernos estables, con continuidad y permanencia, han sido los componentes más visibles de la fórmula del éxito quintanarroense. Pero un componente muy discreto para darle viabilidad a esa fórmula es el Poder Legislativo local, quien ha sido el responsable de su formato jurídico y del temple social de sus constructores.

Hay que reconocer, primeramente, en el Poder Legislativo quintanarroense a uno de los poderes con la mayor impronta en los procesos de negociación y en la adaptación a los tiempos imparables y cambiantes que le imprimió cada gobernador del Estado -y cada administración federal- a la primera potencia turística del país.

Esto explicaría por qué, en Quintana Roo, hasta la crisis financiera global de 2008, hemos vivido en un entorno exitoso de desarrollo económico y de paz social, con un crecimiento poblacional que no tienen paralelo en toda América Latina.

En segundo lugar, habrá que señalar que, sin las leyes y sin la legitimidad que otorga la soberanía popular, no se hubiera podido operar ese vertiginoso desarrollo que hoy colocan a Quintana Roo, como una de las tres fuentes privilegiadas del financiamiento del desarrollo nacional, solo después del petróleo y de las remesas de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos.

Sin embargo, esta potencia económica ha empezado a ser superada por un dinámico crecimiento poblacional y por otros problemas sociales, propios de su calidad de polo de desarrollo y de su dependencia de la industria turística. A ello hay que sumar los procesos de democratización del sistema político nacional, del que Quintana Roo es un fiel reflejo de pluralidad, tanto en su orden municipal como en su poder legislativo.

Ante estas señales de alerta que nos envía la realidad, no debemos cerrar los ojos ni los oídos, y menos, mucho menos, la voz de la razón, pues son problemas públicos que nos atañen como sociedad y como un Estado maduro y exitoso, en un país que no puede ocultar su malestar por un estado de violencia que parece no tener fin.

Por eso, a 36 años de la constitución del Estado y a 16 de la última reforma en su estructura parlamentaria, la XIII Legislatura consideró necesario hacer una revisión de forma y fondo del Poder Legislativo. De fondo, por la organización y funcionalidad de sus comisiones legislativas, que debían apegarse más a un trabajo plural y transparente. De forma, porque la funcionalidad del poder legislativo requiere apegarse a un marco normativo más transparente y eficiente, sin olvidar su incorporación a las modernas tecnologías de la comunicación.

Modernizar el poder legislativo significa, entonces, valorar su trayectoria histórica en el desarrollo del Estado, así como fortalecer su calidad en la construcción democrática, con consenso ciudadano y con el equilibrio que requiere la balanza política de los tres poderes del Estado.

El primer paso se dio el pasado 26 de marzo, cuando los 25 diputados de la XIII Legislatura local, que representan a seis fuerzas políticas (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia y PANAL) firmamos y presentamos la iniciativa que reforma o crea un total de 25 comisiones legislativas temáticas. Con ellas, el poder legislativo quintanarroense podrá, ahora, estudiar, debatir, fiscalizar o legislar sobre la problemática o la fenomenología sociopolíticas, culturales y  económicas, con líneas temáticas más claras y abiertas, sin caer en falsos reduccionismos o en camisas de fuerza legales.

Este paso, de clara legitimidad plural y democrática, nos ha puesto a la vanguardia de varias legislaturas del país, pues no solo hemos puesto al día y diversificado nuestro trabajo colegiado, sino que hemos dado prioridad a los temas que caracterizan la inconformidad ciudadana o las emergencias globales. Por ejemplo, la atención al desarrollo juvenil y el desempeño ciudadano de los órganos autónomos; el combate a la pobreza, a la discriminación y al cambio climático; así como la metropolización del territorio y la población, entre otros casos, constituyen desde marzo del presente año, una parte del debate parlamentario local.

Un segundo paso que terminaremos de dar en unos cuantos meses más, será la modernización de nuestra estructura administrativa. Con este paso, mostraremos eficiencia y transparencia en nuestra forma de organización. Pero, también, estaremos dando un paso fundamental en la dignificación de los trabajadores del poder legislativo y en la calidad del servicio público que nos exige una ciudadanía más informada, más diversa y más organizada.

Modernizar el poder legislativo quintanarroense significa, también, una revaloración de su identidad política e histórica. No hay que olvidar que toda transición política, como la que inició nuestro país hace ya más de tres décadas, pasa por una revisión filosófica, jurídica y política para conocer nuestro peso y nuestra estatura históricas: ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿A dónde vamos? Ni más ni menos.

Hablamos al principio de estos apuntes del peso del poder legislativo en el desarrollo de Quintana Roo. Ahora, tenemos que ponderar su valor en un Estado cuya ciudadanía es mayoritariamente joven, urbana y migrante. En un país, de alternancias y transiciones que cambian nuestras mentalidades y nuestros intereses, día a día. En una nación en donde el poder ejecutivo compite con los otros dos por un mayor equilibrio entre ellos; en donde el poder legislativo mira con diferentes enfoques y discute en diferentes tonalidades; y, en donde el poder judicial es más justo y mejor custodio del desempeño de los otros dos pilares del Estado.

Ese es el presente mexicano y Quintana Roo es uno de sus treinta y dos espejos.Para estar, entonces, al día y al paso de la transición mexicana, el poder legislativo quintanarroense ha optado por un modelo básico de comunicación política en democracia. Así, el diálogo es el método de la XIII Legislatura; el respeto a la pluralidad, es su principio básico; su medio es el consenso basado en negociaciones y acuerdos; y, la modernización del sistema jurídico local es su fin.

Con este modelo de comunicación política, la nueva legislatura quintanarroense ha levantado la mano en más de un 90 por ciento, de manera unánime, cada vez que le correspondido debatir y votar en el Pleno, desde marzo hasta principios de junio del año en curso. Nuestro compromiso interno es continuar con el mismo método, los mismos principios, medios y fines hasta mediados de 2013, cuando concluirá nuestra gestión.

Por eso, decidimos comunicarle a la sociedad a la que representamos que nos asumimos, en el presente quintanarroense, como la Legislatura con poder ciudadano. Porque queremos inaugurar una nueva era de gobernabilidad en donde haya más acuerdo y negociación con nuestros pares del Ejecutivo y del Judicial; más horizontalidad con la Federación y los municipios; más comunicación política con la ciudadanía organizada.

Para lograr todo lo anterior, nos hemos propuesto todas y todos los diputados y, por ende, todas las fracciones fortalecer el debate parlamentario, tan necesario como estratégico, en un país que requiere certidumbre, información y mayor calidad democrática en su representatividad y en su toma de decisiones públicas. Así pues, el debate ciudadano atraviesa también la actuación de la XIII Legislatura.

¿A dónde vamos?  Casi a punto de cumplir cuatro décadas de vida como Estado libre y soberano, la sociedad quintanarroense tiene que darse un tiempo para reflexionar sobre cómo nos ha ido y cómo queremos que nos vaya en las próximas décadas.

En particular, tenemos que partir de dos premisas históricas: 1) que somos ya una sociedad madura con un Estado cada vez más plural en lo político y más diverso en lo social y lo cultural. Que por lo tanto, 2) debemos revisar nuestro marco jurídico para poner las bases de nuestro futuro, con énfasis en nuestros derechos humanos y políticos; en la modernización de nuestras instituciones y, desde luego; en un nuevo modelo económico que potencialice nuevas generaciones emprendedoras y garantice nuestro desarrollo social.

Por eso, la pluralidad que propició la ciudadanía en la conformación de la XIII Legislatura merece un diálogo de fondo: las y los diputados ponen hoy la mesa, a las y los ciudadanos corresponde poner ahora la palabra y armar las ideas.

Tienen razón los estadistas cuando dicen que todo buen desarrollo inicia con una buena educación; con los politólogos, cuando advierten que sin democracia no hay desarrollo; pero, para la XIII Legislatura queda muy claro que sin Estado de Derecho y sin un marco legal justo y equitativo, no tendremos garantizada ni la democracia ni el desarrollo.

El futuro es una construcción humana, siempre racional y organizada. Lo contrario es la aventura, la demagogia o el destino. Quintana Roo merece una reflexión de fondo y de forma. De ello depende su futuro.

Modernizar el poder legislativo es contribuir con el futuro que queremos. La mesa está puesta. Qué tome ahora la palabra la ciudadanía…

 


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