Ante la ofensiva legislativa del Pan para reformar la Ley Federal del Trabajo a favor del empresariado y en contra de los derechos de los trabajadores, el sector obrero no sólo debe defender sus conquistas laborales sino que también tiene la obligación de buscar mecanismos sociales que le permitan acceder a una mayor y mejor calidad de vida.

Daniel Santamaría Casanova

No se trata solamente de atajar la iniciativa empresarial prohijada en Los Pinos por el “presidente del empleo”, como gusta llamarse Felipe Calderón, sino de ir más allá: se trata de diseñar rutas que apoyen el acceso de los trabajadores a mejores estándares educativos y de cultura, con lo que por principio se alienta el desarrollo social.
No bastan ya los tradicionales cursos de capacitación de los trabajadores, que sin duda han sido base del crecimiento tanto de las empresas como de sus empleados, sino hay que subir el escalón que sigue para alcanzar la modernidad a la que aspira nuestro país.
Para ello se requiere, como primer paso, el canalizar una mayor inversión pública hacia el sector obrero. No se trata de un planteamiento demagógico, pues la historia da muestras claras de cómo la inversión de Estado en este rubro redunda siempre en amplios beneficios sociales.
Recordemos, por ejemplo, que el sistema de educación para adultos que hasta hoy ha atendido a cerca de trece millones de mexicanos, según datos del Inea, surgió de la iniciativa de los sindicatos obreros, allá en la década de los 50s, para que la mayoría trabajadora tuviera acceso cuando menos a la educación básica.
En el México contemporáneo, abundando sobre el tema, se puede ejemplificar que gracias a las legislaturas de Sonora y Oaxaca, se construyeron en el primero de los estados, un par de clínicas para la atención de las adicciones entre los trabajadores, mientras que en el segundo un hospital para la atención de los trabajadores informales.
Esto por no hablar de las tres universidades obreras que funcionan en el país -Cuernavaca, Mérida y en la Ciudad de México- de donde en los últimos años ha egresado miles de trabajadores altamente especializados que son vanguardia en la plataforma laboral mexicana.
Debe entenderse que el movimiento obrero lucha porque México alcance una verdadera modernidad, que esta no se de sólo en un sector como hasta ahora; que lucha por un país con una mayor y mejor educación popular, pero debe entenderse asimismo que para que estas luchas tengan éxito se deben canalizar más recursos al sector obrero, que es el que aglutina a la mayoría nacional.
En el caso específico de Quintana Roo, el abandono por parte del aparato oficial (el estatal y el federal) si bien no ha sido total, sí dista de ser significativo, sobre todo en la zona norte, donde se asienta la mayoría poblacional. No hay, por citar un par de  ejemplos, espacios propios para el deporte nocturno de los trabajadores o guarderías de 24 horas para atender a las madres trabajadoras.
Alcanzar una modernidad nacional que no implique el sacrificio de la clase trabajadora – nuevos impuestos, ajustes raquíticos al salario mínimo, aumentos a los productos de la canasta básica, etc. – es el reto del sector obrero, pero éste reto sólo se podrá superar si se canalizan más recursos a la clase que sostiene sobre sus hombros la economía del país, un factor que la derecha pretende olvidar.

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