Superado el trance crítico del impacto del coronavirus en Quintana Roo, donde se edita esta revista, y aunque la amenaza de una cepa está latente, es posible afirmar que, con varias semanas en luz verde en los semáforos sanitarios, la recuperación estatal está en marcha. Dan cuenta de ello el aumento diario de la planta laboral y el aforo hotelero y, en contraste, la baja en el volumen de casos de esta enfermedad.
El lugar donde se puede apreciar con claridad esta mejoría es Cancún, la gran ciudad turística, donde se esperaba uno de los mayores vértices de contagio del país. Por fortuna, no se cumplió el oscuro augurio y si bien es penoso el óbito de unas cuatro mil personas por la enfermedad, un peor escenario puede descartarse. El estado fue uno de los primeros de México en tener una cobertura de vacunación completa.
Llegar a tal estadio fue posible debido a la estrategia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del secretario de Salud Jorge Alcocer y del subsecretario y epidemiólogo Hugo López Gatell, mas también deben destacarse los afanes del gobernador Carlos Joaquín González y la secretaria estatal de Finanzas Yohanet Torres Muñoz, quienes tuvieron que hacer frente a la emergencia sanitaria del estado con las arcas vacías.

Sin duda, en la primera línea de combate estaba el cuerpo médico, el que resintió la pérdida de muchas vidas, pero el manejo administrativo de la epidemia en el estado fue crucial no sólo por el abasto —desde reforzar al personal sanitario hasta reconvertir nueve hospitales (se llegó a las mil camas disponibles para la covid-19), lo que supuso una inversión de cerca de 12 mil millones de pesos—, sino también por la asistencia con víveres e insumos que se brindó a la comunidad.
Esta asistencia de más de un millón de despensas en todo Quintana Roo, cerca de 400 mil vales de apoyo en la compra de gas y el subsidio en el costo del servicio eléctrico que benefició a casi el 70 por ciento de los usuarios, en especial a los más necesitados, significó un descenso vital de la movilidad en pueblos y ciudades, un descenso que menguó el impacto de la enfermedad, en especial en Cancún y Playa del Carmen, los núcleos más poblados.
El esfuerzo administrativo fue enorme, pues para abril de 2020, en el lapso más dramático de la epidemia, no sólo se habían caído todos los ingresos turísticos del estado, la principal fuente del gobierno —con el cierre del 97 por ciento de los hoteles, se estima que se dejaron de recibir divisas por casi seis mil 500 millones de dólares—, sino, además, el confinamiento que se decretó en la entidad, reducía más los márgenes fiscales oficiales.
Por si fuera poco, Yohanet Torres, la secretaría de Finanzas, enfrentaba el pago de los intereses —casi el 70 por ciento de los ingresos federales al Gobierno del Estado— de la deuda heredada por los gobiernos anteriores, que en esos momentos ascendía a casi 19 mil 200 millones de pesos, lo que significaba que cada habitante de Quintana Roo “debía” 13 mil 58 pesos, cifra muy por encima de la media nacional. Difícil panorama.

Quintana Roo fue el estado mexicano más afectado, en su economía, por el impacto de la covid-19. Los viajes a la Ciudad de México del gobernador Carlos Joaquín fueron muchos, pero salvo por apoyos menores, del Palacio Nacional se tuvo la misma respuesta: por ahora no es posible, pues todo México está en emergencia. No sólo el país, sino también el mundo estaba en vilo, enfrentaba a lo desconocido.
Desde el 27 de febrero de 2020, cuando se tuvo el primer caso de covid-19 en México —el 13 de marzo se registró en Quintana Roo— hasta el 24 de diciembre de ese año, día en que se aplicó la primera vacuna en la capital del país —el 13 de enero del 2021 se puso la primera dosis en el estado—, campeó la incertidumbre, una incertidumbre que, pese a todo lo avanzado, apenas comienza a ser superada.

Para el Gobierno del Estado ese lapso fue, sin duda, el más difícil de su ejercicio y el superar con éxito el desafío: un logro. En esos meses aciagos, tras la entrega de los primeros apoyos sociales (más de 700 mil) no es fácil imaginar el reto de Yohanet Torres para obtener recursos para entregas posteriores si seguía la crisis epidémica; había que evitar a toda costa que creciera la movilidad civil y con ello la epidemia.
Desde luego, todo ello sin dejar de hacer frente a los gastos de operación gubernamental, cuya nómina había crecido tras la contratación de nuevo personal sanitario, la renta de equipos hospitalarios y los generados por los llamados “chalecos amarillos”, las brigadas de jóvenes voluntarios que repartían despensas y apoyos casa por casa por toda la geografía estatal. Más tarde, este modelo fue copiado por otros estados del país.
Destaca también la creación del Semáforo Epidemiológico Estatal, paralelo al nacional, en el que se da un enfoque local que considera las diferencias entre una parte y otra del estado y con ello se mide el riesgo de contagio y se define qué nivel de apertura corresponde a cada giro; es decir, el porcentaje de cuartos abiertos de los hoteles, las mesas de los restaurantes y los asientos disponibles del transporte público.
Otro de los aciertos en la lucha contra la epidemia en Quintana Roo, uno medular, fue la presencia dos veces por semana del gobernador Carlos Joaquín en los medios periodísticos y electrónicos para informar sobre los avances de la estrategia de salud, de cómo acceder a los apoyos sociales y de acallar las pifias que, como en todo el mundo, se propagaban por las redes sociales, un instrumento de comunicación de doble filo.
Como se dijo, de nuevo la Quintana Roo está en pie. La cobertura de vacunas cubre a casi toda la población y el sector turístico de todo el estado prevé un gran repunte al cierre de año. Sin embargo, esto se debe no sólo a la colaboración ciudadana, sino también en gran medida a una buena estrategia oficial, sobre todo en su operación financiera. Justo es reconocer un buen trabajo y más aún en condiciones extraordinarias