Tal parece que las herramientas tecnológicas generan una especie de falso blindaje que hace que las personas proporcionen su información sin cuidado alguno.

En México y en el mundo, el uso del Internet y de las herramientas y plataformas tecnológicas se han vuelto parte de nuestro diario vivir; concebidas inicialmente como auxiliares o facilitadoras, hoy se han convertido en una necesidad. Niños, jóvenes y adultos, por igual, son presas de la tecnología; los videojuegos, las redes sociales, el comercio electrónico y, en general, el navegar por la red, se han adueñado de nuestra sociedad y nuestra cultura.

Tan solo en nuestro país, de acuerdo con un estudio realizado en 2021 por la Asociación Mexicana de Internet (AMI) sobre los hábitos de los usuarios en Internet, al 2020 existían 84.1 millones de internautas, lo que representa 72.0 por ciento de la población de 6 años o más. Durante ese año, como consecuencia del confinamiento, los usuarios de Internet tuvieron el mayor crecimiento observado en los últimos 5 años; al cierre del año, se contabilizaron 115 millones de teléfonos móviles inteligentes, en promedio, los usuarios accedieron a sus redes 6.8 días a la semana; 7 de cada 10 internautas realizaron videollamadas durante el último año; 2 de cada 10 compró un producto publicitado en línea; 11 por ciento de la base total de internautas aumentaron su gasto en Internet durante dicho periodo.

Es un hecho, nuestro escenario traspasa el plano físico y se adentra cada vez más en el espacio virtual, en el cual la privacidad y los datos personales, por las propias características del entorno digital, son más vulnerables. Tal parece que las herramientas tecnológicas generan una especie de falso blindaje que hace que las personas proporcionen su información sin cuidado alguno. De acuerdo con un estudio sobre ciberseguridad realizado por la propia AMI en el 2021, 53 por ciento de los usuarios fue víctima de alguna vulneración, principalmente, de pérdida de información, fraudes y pérdidas financieras, 10 por ciento de la gente no actualiza nunca su software antimalware, solo el 26 por ciento de los usuarios utiliza un gestor de contraseñas, 69 por ciento no sabe qué es o no utiliza un segundo factor de autenticación, 14 por ciento reportó que alguien le ha solicitado el envío de contenido de carácter íntimo, 39 por ciento ha conocido en persona a alguien que inicialmente contactaron por Internet.

Desafortunadamente, la falta de seguridad por parte de usuarios es un factor que incide directamente en la ciberdelincuencia; el acceso ilegal a un ordenador o sistema informático, la interceptación ilegal de comunicaciones o datos de tráfico, el uso indebido de dispositivos, los delitos relacionados con la violación de los derechos de autor, la pornografía infantil, la desinformación, el material con contenido que genere algún tipo de discriminación, el tráfico de armas, el uso de criptomonedas, el acceso no autorizado a datos personales, la distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, son solo algunos de la amplia gama de delitos que se cometen en todos los países; el cibercrimen no conoce de fronteras y evoluciona de manera  acelerada.

Se trate de un delito basado en la cibernética o de uno facilitado por ella, los métodos utilizados por los delincuentes pueden afectar a cualquiera, particulares, gobiernos o empresas; por ello, la necesidad de sumar esfuerzos para contrarrestar esta problemática que se vislumbra como uno de los retos del siglo.

En ese contexto, es de destacar la iniciativa denominada “Ruta de la privacidad” puesta en marcha por el INAI, los organismos garantes de las entidades federativas de Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca y Sonora, y la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, como una cruzada nacional de socialización para reflexionar sobre la protección de datos personales ante el uso de la inteligencia artificial, con la finalidad de crear conciencia entre desarrolladores, responsables y titulares que la implementan.

Con información de El Financiero

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