Minotauro
Nicolás Durán
La “ley casitas” concebida por el congreso estatal, la que permite al empresariado inmobiliario tender conejeras en vez de obligarlo a edificar vivienda digna aún para los trabadores de bajo salario; esta ley, infeliz desde su origen, será nefasta para todos si se llega a aplicar como está en Playa del Carmen o Cancún, donde ya existen los peores hacinamientos humanos del Estado, aquellos que generan la violencia criminal que hoy vivimos.
Los diputados que por su notoria debilidad intelectual o por su franco interés aprobaron la iniciativa, abonaron en pro de la promiscuidad, de la crisis doméstica y de toda tara social que lleva a la violencia callejera que nos afecta, incluidas las familias de los legisladores. Claro, los empresarios del ramo, quienes gozarán de los fondos públicos para la vivienda, están de fiesta. ¿Hay algún ingenuo que crea que aquí no hubo negocio?
Baste decir que, como es fácil constatar, en la periferia de Cancún se pudren en el abandono miles de pies de casa que fueron hechos al vapor por empresas que, tras obtener fondos federales de fomento a la vivienda como Issste o el Infonavit, dejaron los proyectos inconclusos: sin agua potable ni calles y hasta sin luz eléctrica. Todo esto al mejor estilo del “fraude puro y duro” y, además, con toda la complicidad oficial.
La dicha “ley casitas”, como la ha calificado el ingenio popular, va contra del proyecto “Modelo de prevención de Quintana Roo” anunciado por todo lo alto el pasado julio por el gobernador Carlos Joaquín González. Este proyecto tiene al bienestar público como eje en la lucha contra el crimen urbano. Quizá los que avalaron dicha ley creen que la promiscuidad y el hacinamiento no son taras sociales sino timbres de honor.
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