Nicolás Durán de la Sierra

A mediados de semana, por falta de seguridad, hubo de aplazarse la reunión que habían convenido un grupo de comerciantes del Mercado 28 de Cancún con regidores del Municipio Benito Juárez para demandar se refuerce la presencia policíaca en esta zona que, en los últimos días, ha sufrido el embate de la delincuencia común, la patrimonial, la que en verdad lacera a la ciudad.

Esta delincuencia, la que no tiene el eco mediático del “crimen organizado”, causa mayor impacto social que éste y si bien las cifras oficiales no reflejan la realidad pues los más de los casos no llegan a los ministerios, el registro más reciente asienta que los delitos del fuero común alcanzan el 78 por ciento de las denuncias. No sobra decir que rara vez se recupera lo robado.

En este contexto destacan las cifras del capítulo local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, las que informan que en el último año el 55 por ciento de sus socios han sufrido ya algún tipo de robo, asalto u otro incidente relacionado con la falta de seguridad. “El robo a negocios sigue siendo el principal motivo de alarma del sector empresarial”, aseguran.

La junta entre ediles y vendedores del mercado, uno de los más viejos de la ciudad, se llevara a cabo la próxima semana en las oficinas del centro de abasto y se pidió vigilancia extra para evitar que se filtren personas “con otros intereses” y otra vez se cancele la reunión. Esta sainete digno de Kafka tiene por escenario el centro de Cancún, una de las zonas con mayor vigilancia.

Para el tejido social de cualquier ciudad, la delincuencia patrimonial es más lesiva que la del crimen organizado pues lesiona primero a los que menos tienen –las zonas pobres sufren mayor impacto- y luego daña al comercio de bienes y servicios. En Cancún la delincuencia común anda con filo y parece ir a la alza. Quizá los mandos policiacos debieran revisar sus prioridades.

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