Nicolás Durán de la Sierra
De seguro el lector debe recordar el escándalo en el que, en el 2007, se vieron envueltos el entonces presidente Felipe Calderón y el empresario chino Zhenli Ye Gon, al que le incautaran en una “casa de seguridad” unos 207 millones de dólares en efectivo, una fortuna que luego se esfumó y de la que hasta hoy se ignora en que manos quedó. De las acusaciones ninguno de los implicados se salvó, comenzando por la propia PGR.
Para evitar que se repitan casos como este en los que el dinero del narco “se pierde” entre vericuetos políticos y policiales, el senador José Luis Pech Varguez presentó una iniciativa para que los bienes confiscados al crimen organizado vayan a las comisiones para la Atención Integral a Víctimas y, si sobra algo de lo incautado, a las federales secretarías de Salud y Educación y a sus contrapartes en los estados de la República.
La iniciativa es positiva si, primero, las comisiones van a manos limpias y luego que, de menos, las secretarías sean aseadas a fondo, pues en ellas la suciedad está enraizada; si no, que le pregunten a Alejandra Aguirre, la titular estatal de Salud, quien aún está asombrada por la mugre que halló a su arribo a la secretaría: desde robos hormiga en hospitales y clínicas hasta compras de medicamentos caducos; en fin, una porquería.
Pero regresando al tema, la iniciativa del senador Pech Varguez fue respaldada por varios legisladores de esa cámara como Ricardo Monreal, José Narro, el exrector de la UNAM y Susana Harp, por lo que se espera su aprobación en comisiones y luego en el pleno. Una buena iniciativa, además, porque hasta la fecha las comisiones para la Atención a Víctimas han funcionado muy por debajo de sus objetivos.
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