El Minotauro

Nicolás Durán de la Sierra

Desde hace tiempo, en los más de los casos, presidir un ayuntamiento antes que una oportunidad de servir a la comunidad, ha devenido en una oportunidad de jugosos negocios. En el Estado, los ejemplos sobran, pero lo que pasa en Puerto Morelos, ronda lo ridículo. La viabilidad de su gobierno está en riesgo y no solo por su evidente corrupción, sino también por sus desatinos legales.

No se abundará sobre que el municipio es una suerte de agencia de empleo familiar para la edil Blanca Merari y sus afines -su nepotismo es conocido- ni de los muchos abusos que se le imputan, sino se tocará la severa crisis que enfrenta el puerto por las transas que se hicieran al amparo de un Plan de Desarrollo Urbano que recién fue vetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El origen de la maniobra, aunque se antoje surrealista, se ubica a mediados del 2021 cuando, en medio de la epidemia del Covid-19, el cabildo del puerto bajo la presidencia de Laura Fernández aprobó, sin consulta pública, el PDU 2020-2030 municipal, el que muy poco tiempo después fue publicado en el periódico oficial, en el gobierno de Carlos Joaquín González.

¿Quién, a mitad de una pandemia, podría objetarlo? El ardid perfecto y negocios son negocios.

El documento ahora sin valor avalaba la edificación de edificios de diez pisos, el uso de áreas de selva y zonas de inundación, permitía actividades industriales como combustibles y fertilizantes y otros atentados contra el medio ambiente. En pocas palabras, el PDU convertía a al puerto en centro turístico de alto impacto, y con ello cambiaba toda su fisionomía y la de sus habitantes.

Sin embargo, superada la pandemia, la comunidad del puerto, con sus centros de estudios y sus asociaciones civiles iniciaron una lucha por derogar el dicho PDU, lucha que los llevó primero a las instancias estatales, las que desecharon sus alegatos -lo que ya esperaban-, hasta llegar al tribunal superior, donde se determinó la nulidad del documento. Fue una lucha de dos años.

Es entonces cuando comienzan los graves problemas de las autoridades municipales, pues carece de valor el sinnúmero de permisos, licencias y autorizaciones que diera a empresarios turísticos y otros ramos, los que no se quedarán pasivos ante lo que llaman un despojo. Se trata de una danza de muchos, muchos millones de pesos y la efervescencia apenas comienza.

Empero, la alcaldesa Blanca Merari quiere reelegirse.

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