Nicolás Durán de la Sierra


La toma de la sede del congreso en Chetumal por parte de un grupo feminista que exige la despenalización del aborto en el Estado, además de mostrar la ineptitud de Gustavo Miranda, presidente de la legislativa Junta de Gobierno y Coordinación Política, evidenció la falta de cordura de un colectivo que, de facto, quiere chantajear a los diputados para que avalen su demanda.

Con independencia de la validez o no de despenalizar el aborto, tema aún se discute en diversos foros, la forma de plantear sus exigencias -no es sólo una- es la que, de entrada, socava el peso de los argumentos de “Marea Verde”, grupo que arropa la demanda. Piden se sesione de inmediato sobre el tema y los diputados se oponen al chantaje; dicen que lo harán de acuerdo con su agenda.

Ambos grupos están limitados por el contexto en que se dio la toma del congreso. Los diputados, más allá de su postura personal, no deben ceder al chantaje y dejar el negro antecedente, y Marea Verde fue más allá de lo que planeaban, pues sus reclamos tenían por teatro original la explanada legislativa y no el edificio. Ahora ninguno puede retroceder sin menoscabar sus posiciones.

La falta de oficio del presidente de la junta de gobierno legislativa, al negar el uso del baño a las demandantes y luego hostigarlas con guardias de seguridad, sobre todo tras las recientes marchas feministas y con el recuerdo fresco de lo ocurrido en Cancún, dio paso no sólo a la toma del edificio, sino también radicalizó el movimiento y puso en el escaparate nacional al propio congreso.

Marea Verde va por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y busca legalizar el aborto para evitar que siga ocurriendo de manera clandestina. Ello se ha planeado en varias ocasiones, pero la sesión legislativa se ha aplazado una y otra vez. Se le oponen los grupos “Próvida” y “Profamilia”, de corte clerical, los que también se han manifestado en los últimos días.

El conflicto dentro del congreso estatal, como se dijo, ha llegado a los escaparates nacionales y su solución no se antoja fácil por lo contrario de las posiciones. Es posible que, en breve, el gobierno estatal anuncie su mediación para enfriar ánimos. Es un problema de corte político y como tal debe ser resuelto, pese a que en el congreso no haya muchas luces para ello.

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